Hemos
recibido información sobre la situación producida en
Ecuador tras la destitución, el 9 de Diciembre 2004, de todos
los miembros de la Corte Suprema de Justicia y de su
substitución por nuevos Jueces nombrados por el Congreso
Nacional de Ecuador;
que esta medida fue
solicitada el día 8 de Diciembre 2004 por el Presidente de la
República, Ing. Lucio Gutiérrez;
que esta medida fue
adoptada mediante una interpretación extensiva de la Vigésimo
Quinta Disposición Transitoria de la Constitución de
1998;
que, sin embargo, el
artículo 202 de dicha Constitución afirma que los
Jueces de la Corte Suprema no son nombrados por un período
fijo y que, en caso del cese de uno de ellos, la facultad de
substituirlo corresponde exclusivamente al Pleno de la Corte Suprema;
que el Presidente
elegido de la Corte Suprema, Dr. Ramón Rodríguez, ha
renunciado a su cargo el 13 de Enero 2005, al tiempo que denunciaba
haber recibido presiones indebidas en el procedimiento para el
nombramiento de los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura;
que entre las
competencias de dicho Consejo Nacional de la Judicatura se
encuentra no sólo el autogobierno de la Judicatura sino
también la formación de una terna de candidatos entre
los cuales el Congreso Nacional deberá escoger el
Ministro Fiscal General de la Nación;
que los Jueces
removidos el 9 de Diciembre 2004 han presentado un informe relativo
al Gobierno de Ecuador ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, requiriendo medidas cautelares contra las
reformas propuestas respecto a la Corte Suprema;
que la Asociación
Jueces para la Democracia – Capítulo Ecuador ha
invitado al Relator Especial de las Naciones Unidas para la
Independencia de Jueces y Abogados, Dr. Leandro Despouy, a investigar
la situación;
que, además,
lo que añade preocupaciones sobre la salida de la crisis, la
garantías debidas del Poder Judicial de Ecuador non están
consagradas en una ley orgánica;
Por lo que precede
Lamentamos la
violación de las garantías constitucionales de
independencia del Poder Judicial por el Congreso Nacional y por el
Presidente de la República, recordando que solamente una
magistratura nombrada y gobernada de manera independiente puede
asegurar la necesaria protección de los derechos fundamentales
en una democracia;
Invitamos al Congreso
Nacional de Ecuador a reconsiderar las acciones emprendidas desde el
9 de Diciembre 2004, tomando las medidas necesarias para restituir
las prerrogativas del Poder Judicial;
Exhortamos al Relator
Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y
Abogados, Dr. Leandro Despouy, para que investigue los episodios
denunciados y para que recomiende al Gobierno de Ecuador que se
abstenga de ulteriores pasos antes de que la situación haya
sido plenamente aclarada;
Invitamos todos los
poderes de la República de Ecuador, Ejecutivo, Legislativo y
Judiciario, a iniciar una reflexión común que llegue,
en el menor plazo posible, a la adopción de un Estatuto
Orgánico del Poder Judicial que garantice, con el debido
respeto por la separación de los poderes, la autonomía,
la independencia y las prerrogativas de la Judicatura.
El
Consejo de Administración de Medel
Bruxelles,
22 de Enero de 2005
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We have
been informed of the situation that has determined itself in Ecuador
after the removal from office, on December 9th, 2004, of
all Judges of the Corte Suprema de Justicia and their
replacement by new Judges appointed by the Congreso Nacional de
Ecuador;
that
this measure has been solicited on December 8th 2004 by
the President of the Republic, Ing. Lucio Gutièrrez;
that
such measure has been taken on grounds of an extensive interpretation
of the 25th Transitional Provision of the Constitution of
1998;
that,
however, article 202 of said Constitution states that Judges of the
Supreme Court are not nominated for a fixed term and that, should one
cease his/her office, it is the sole prerogative of the Plenum of
said Supreme Court to replace him/her;
that the
newly elected President of the Supreme Court, Dr. Ramòn
Rodriguez, has resigned his office on January 13th 2005
after alleging undue pressures in the course of the nomination of the
representatives of the Court in the Consejo Nacional de la
Judicatura;
that
among the competences of said Consejo Nacional de la Judicatura
are not only the government of the Judiciary but also the indication
of three candidates among which the Congreso Nacional will
appoint the Ministro Fiscal General de la Naciòn;
that the
Judges dismissed on December 9th 2004 filed a report on
the situation against the Ecuadorian government with the Comisiòn
Interamericana de Derechos Humanos, asking for provisional
measures against the proposed reform of the Corte Suprema;
that the
Asociaciòn Jueces para la Democracia – Capìtulo
Ecuador has invited the Special Rapporteur of the United Nations
for Independence of Judges and Lawyers, Dr. Leandro Despuy, to take
knowledge of the situation;
that,
furthermore, adding preoccupation as to the outcome of this crisis,
the due guarantees of the Ecuadorian Judiciary are not laid down in
an organic statute;
Now
Thereby
We
regret the trespassing of the Judiciary’s constitutional
guarantees of independence by the Ecuadorian Congreso Nacional
and by the President of the Republic, reminding that only an
independently nominated and governed Judiciary can ensure the
necessary protection of fundamental rights in a democracy;
We
invite the Ecuadorian Congreso Nacional to reconsider the
actions taken since December 9th 2004, taking all
appropriate measures to reintegrate the prerogatives of the
Judiciary;
We urge
the Special Rapporteur of the United Nations for Independence of
Judges and Lawyers, Dr. Leandro Despuy, to investigate the episodes
being denounced and to recommend the Ecuadorian government not to
undertake any further action before the situation has been fully
clarified;
We
invite all sectors of the Republic of Ecuador, Executive,
Legislative, and Judiciary, to undertake a common reflection and
discussion which will take, in the briefest time possible, to the
adoption of an Organic Statute of the Judiciary which, in due respect
of the separation of powers, should guarantee the autonomy,
independence and prerogatives of the Judiciary.
The
Board of Directors of MEDEL
Bruxelles,
January 22nd, 2005